NUEVA YORK — El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue alguna vez promocionado por las autoridades estadounidenses como un aliado clave en la guerra contra las drogas. Ahora, los fiscales federales señalan que el líder político dirigió su nación centroamericana como un “narcoestado”, recaudando millones de dólares de cárteles violentos para impulsar su ascenso al poder.
Casi dos años después de su arresto y extradición a Estados Unidos, Hernández ahora será juzgado en un tribunal federal de Manhattan por cargos de tráfico de drogas y armas. La selección del jurado está programada para comenzar el martes.
Es una asombrosa caída en desgracia para un líder político considerado durante mucho tiempo (tanto por las administraciones demócratas como republicanas) como beneficioso para los intereses estadounidenses en la región, incluida la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la ayuda a frenar las oleadas de inmigrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos.
El hecho de que Hernández esté siendo juzgado en Estados Unidos y no en su país natal subraya la debilidad institucional de Honduras, dice Raúl Pineda Alvarado, analista político hondureño y excongresista del Partido Nacional de Hernández durante tres mandatos.
“Para los hondureños significa cuán débil es nuestra democracia en términos de separación de poderes”, dijo. “Los políticos no están sujetos a ningún control”.
Las autoridades federales dicen que durante casi dos décadas, Hernández se benefició del tráfico de drogas que trajo cientos de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, incluso en ocasiones trabajando con el poderoso cartel de Sinaloa en México.
Los millones de dólares en dinero del narcotráfico que comenzaron a llegar a Hernández alrededor de 2004, a su vez, impulsaron su ascenso de congresista en representación de su provincia rural en el oeste de Honduras a presidente del Congreso Nacional y luego a dos mandatos presidenciales consecutivos de 2014 a 2022, dicen los fiscales.
A cambio de sobornos que apuntalaron sus aspiraciones políticas, dicen los fiscales estadounidenses, a los narcotraficantes se les permitió operar en el país casi con impunidad, recibiendo información para evadir a las autoridades e incluso escoltas policiales para sus envíos.
Durante su primera campaña presidencial ganadora, Hernández solicitó $1.6 millones a un narcotraficante para apoyar su campaña y la de otros políticos de su partido conservador, dicen los fiscales federales.
Su hermano también recibió una donación de campaña de $1 millón del notorio jefe de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, con la promesa de que los cargamentos de droga del cartel encontrarían un paso seguro a través de Honduras si Hernández era elegido.
Los fiscales federales de Nueva York pasaron años abriéndose camino a través de las organizaciones narcotraficantes hondureñas antes de llegar a la persona que muchos creían que estaba en la cima: Hernández.
Fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en febrero de 2022, apenas tres meses después de dejar el cargo, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo en ese momento que Hernández abusó de su posición como presidente “para operar el país como un narcoestado”.
Los abogados de Hernández declinaron hacer comentarios antes del juicio, en el que se espera que los fiscales se basen en testimonios de narcotraficantes y funcionarios policiales y políticos corruptos de Honduras.
El expresidente, que obtuvo una maestría de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, ha mantenido firmemente su no culpabilidad y ha dicho que las acusaciones son una venganza de los narcotraficantes que había extraditado a Estados Unidos.
Hernández enfrenta cargos federales que incluyen conspiración para tráfico de drogas y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Mientras tanto, sus coacusados –el exjefe de la policía nacional hondureña, Juan Carlos Bonilla, y el primo de Hernández, Mauricio Hernández Pineda– se declararon culpables en las últimas semanas de cargos de tráfico de drogas en la misma sala del tribunal de Manhattan donde será juzgado.
El editor de Associated Press, Christopher Sherman, en Ciudad de México contribuyó a este informe.
