Una corte federal de apelaciones rechazó este martes por la noche la solicitud para levantar la orden judicial que prohíbe a Texas arrestar y deportar a inmigrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera.
Este fallo mantiene suspendida la ley estatal SB4, impulsada por el gobernador Greg Abbott y que entró en vigor el 19 de marzo por una orden procesal de la Corte Suprema, pero fue nuevamente bloqueada poco después por la corte de apelaciones.
La ley ha generado un intenso debate, con el Gobierno del presidente Joe Biden buscando bloquearla en los tribunales, argumentando que viola la autoridad federal en materia migratoria y dificulta la aplicación de la ley en la frontera. Texas, por su parte, defiende su derecho a actuar frente a lo que el gobernador Abbott ha descrito como una “invasión” de migrantes.
La SB4 permite a los agentes de Texas detener a personas sospechosas de ingresar sin documentos al país, siempre y cuando exista una causa probable, como presenciar el ingreso ilegal o verlo en video.
Sin embargo, la ley no se aplicará a personas legalmente presentes en Estados Unidos, incluidos los beneficiarios del programa DACA y aquellos que hayan obtenido asilo.
Las detenciones pueden llevarse a cabo en cualquier lugar de Texas, con algunas excepciones, como escuelas y lugares de culto. Los inmigrantes detenidos pueden optar por aceptar una orden de deportación o enfrentar cargos por delitos menores de entrada ilegal, con el riesgo de enfrentar penas más graves en caso de reincidencia.
La ley también aumenta las penas para quienes ayuden en el transporte de inmigrantes indocumentados, con condenas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 10,000 dólares. Para aquellos que operen casas para esconder indocumentados, las penas mínimas serán de cinco años.
La SB4 busca además incentivar la colaboración con la justicia, ofreciendo reducciones de condena para aquellos arrestados que cooperen en investigaciones relacionadas con la inmigración ilegal.
El debate sobre la SB4 refleja las tensiones en torno a la política migratoria en Estados Unidos y el equilibrio entre los poderes federales y estatales en este ámbito crucial.
