Tres senadores federales demócratas, entre ellos la Senadora Patty Murray del Estado de Washington, están exigiendo respuestas del Departamento de Homeland Security (DHS) ante la reciente orden interna de cerrar tres oficinas dedicadas a supervisar las acciones de la Secretaría, principalmente a atender quejas de abusos y maltrato por agentes de ICE o de autoridades migratorias.
Las oficinas que ya no están en servicio son la de Derechos y Libertades Civiles, la del Ombudsman de Detenciones de Migrantes y la del Ombudsman de Servicios de Migración y Ciudadanía.
Tan solo en la Oficina de Derechos y Libertades Civiles se reporta que unas 550 quejas de abuso y maltrato por agentes de ICE han quedado en el limbo, pues el personal que atendía e investigaba las quejas ha sido despedido.
Los Senadores alegan que el cierre de estas oficinas de supervisión es ilegal ya que su operación tiene mandato y recursos asignados por el Congreso.
