Estados Unidos, febrero de 2026 – El Departamento de Seguridad Nacional publicó una propuesta que modificaría de forma sustancial el acceso a permisos de trabajo para personas con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos. El texto, divulgado en el Federal Register, abre un período de comentarios públicos de 60 días y plantea ajustes que, de adoptarse, cambiarían de manera significativa la relación entre el sistema de asilo y el acceso al empleo legal.
“La autorización de trabajo no es un beneficio accesorio, sino un componente clave para el sostenimiento de quienes esperan una decisión de protección”, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., al explicar que cualquier modificación en este esquema “tiene efectos inmediatos en la estabilidad económica de miles de familias mientras sus casos siguen pendientes”.
Entre los cambios centrales figura la ampliación del período de espera antes de poder solicitar un permiso de trabajo, que pasaría de 180 a 365 días desde la presentación del asilo, así como la extensión del tiempo legal de adjudicación de 30 hasta 180 días una vez recibida la solicitud.
Otro elemento relevante es la creación de un mecanismo de pausa automática. Si el tiempo promedio de procesamiento de solicitudes de asilo supera los 180 días durante más de 90 días consecutivos, USCIS podría suspender temporalmente la recepción de nuevas solicitudes de permisos de trabajo basados en asilo. A esto se suma la exigencia de biometría obligatoria (huellas, fotografía y firma) incluso para renovaciones, con la advertencia de que la incomparecencia podría derivar en una negación automática.
La iniciativa introduce además criterios más estrictos de inelegibilidad, incluyendo solicitudes de asilo presentadas fuera del plazo de un año sin justificación válida, antecedentes que podrían impedir la concesión del asilo y ciertos casos de ingreso sin inspección. Si durante la revisión del permiso de trabajo aparecen antecedentes u otros datos que afecten la elegibilidad del solicitante la propuesta permitiría priorizar la revisión del caso de asilo, acelerando una decisión que puede resultar favorable o adversa.
El abogado Quiroga advirtió que “el riesgo es trasladar el peso de los retrasos administrativos a personas que aún no han tenido una evaluación completa de su caso”. Añadió que la propuesta “no parte de una presunción de fraude individual, pero sí endurece el sistema de forma generalizada”.
Por ahora, se recomienda seguir de cerca el proceso regulatorio y actuar con cautela. La propuesta no cambia las reglas actuales de inmediato, pero anticipa un escenario más restrictivo en el acceso al trabajo autorizado para solicitantes de asilo, un tema que vuelve a situarse en el centro del debate migratorio estadounidense entre control, eficiencia administrativa y protección de derechos.
