Doce fiscales generales, incluidos algunos del estado de Washington, han presentado una demanda contra la administración Trump. Impugnan la reciente decisión de recortar los fondos federales destinados a la prevención del terrorismo y al apoyo de FEMA.
La demanda, presentada ante el tribunal federal de Rhode Island, alega que los fondos se redujeron debido a que los estados fueron catalogados como “jurisdicciones santuario”. El asunto ha generado gran preocupación, ya que los recortes totalizan más de 233 millones de dólares, afectando a los estados y al Distrito de Columbia. Tan solo en Washington se registró una reducción de 2 millones de dólares.
Los fiscales generales solicitan una orden de restricción temporal para mantener la financiación mientras continúa el litigio. Argumentan que la decisión del gobierno penaliza injustamente a los estados por su postura sobre las políticas santuario.
