Estados Unidos, octubre de 2025 – Mientras el discurso público insiste en asociar inmigración
con criminalidad, la evidencia cuenta una historia distinta: los inmigrantes en Estados Unidos
cometen menos delitos, son menos propensos a ser encarcelados y denuncian más cuando son
víctimas. Se trata de una contradicción que expone el choque entre datos verificables y la
narrativa política que busca reforzar estigmas.
Entre 2017 y 2023, las tasas de victimización violenta entre inmigrantes fueron de 12 por cada
1.000 personas, frente a 22 por cada 1.000 entre los nacidos en Estados Unidos. Esto representa
una probabilidad un 44 % menor para los inmigrantes. En casos de violencia ejercida por
familiares o conocidos, la diferencia aumenta al 64 %.
“La consistencia en los números es clara: la victimización y la criminalidad en las comunidades
inmigrantes son más bajas”, explicó el abogado de trabajadores inmigrantes Héctor Quiroga, de
Quiroga Law Office, PLLC., quien indicó también que las cifras muestran una consistencia que no
puede ignorarse.
Indicadores de criminalidad más bajos en la población inmigrante
Las cifras también revelan que, en delitos específicos, la brecha se mantiene. Los inmigrantes
tuvieron un 60 % menos de probabilidades de sufrir violencia sexual, un 48 % menos en
amenazas verbales, un 43 % menos en agresiones agravadas y casi un 50 % menos en
agresiones simples. En robos, la diferencia fue menor, con un 6 %, pero siempre favorable hacia
las comunidades inmigrantes.
Los niveles de encarcelamiento refuerzan este hallazgo. Según la Encuesta sobre la Comunidad
Estadounidense, solo el 0,5 % de los inmigrantes y el 0,7 % de los no ciudadanos estaban
encarcelados, frente al 1,4 % de la población nacida en Estados Unidos. Esto significa que los
inmigrantes tenían entre un 49 % y un 64 % menos de probabilidades de estar en prisión.
En cuanto a la denuncia de delitos, el patrón también es favorable. Los inmigrantes reportaron
incidentes violentos a la policía en un 49 % de los casos, mientras que los nacidos en Estados
Unidos lo hicieron en el 42 %. Entre los menores de 35 años, la diferencia fue del 43 % frente al
36 %. Esa mayor colaboración derivó en 5,1 millones de denuncias y más de 300.000 arrestos
de delincuentes violentos en seis años.
“Cuando los inmigrantes confían en el sistema de justicia, la seguridad no solo mejora para ellos,
sino para toda la comunidad. Los datos muestran que al denunciar más crímenes, se incrementa
la capacidad de las autoridades para actuar, logrando más arrestos y reduciendo los niveles de
criminalidad que afectan a todos por igual”, indicó el abogado Héctor Quiroga.
Investigaciones históricas complementan este panorama. Un estudio de la Universidad de
Northwestern encontró que los inmigrantes nunca han tenido tasas de encarcelamiento
superiores a los nativos. En las últimas décadas, la diferencia se amplió: hoy son entre un 50 %
y un 60 % menos propensos a estar en prisión que los nacidos en el país.
Otros estudios recientes confirman la tendencia. El American Immigration Council documenta
que, entre 1980 y 2024, mientras la proporción de inmigrantes casi se duplicó (6,2 % a 13,9 %
de la población), la tasa total de delitos cayó de 5.900 delitos por cada 100.000 personas a 2.335
delitos por cada 100.000, lo que representa una caída del 60,4 %. Dentro de ese descenso, los
crímenes violentos bajaron 34,5 % y los delitos contra la propiedad, 63,3 %.
Los datos también muestran diferencias en los tipos de delitos. Los ciudadanos estadounidenses
fueron hasta 2 veces más propensos a ser arrestados por crímenes violentos, 2,5 veces más por
delitos de drogas y más de 4 veces por crímenes contra la propiedad, en comparación con
inmigrantes indocumentados.
La paradoja entre detención masiva y bajos índices de criminalidad
Sin embargo, la política parece caminar en dirección opuesta. Según TRAC Immigration, en
septiembre de 2025 había casi 59.000 inmigrantes detenidos por ICE, aunque más del 70 % no
tenía antecedentes criminales. Esta disparidad alimenta la paradoja: mientras la mayoría no
representa un riesgo, las políticas de detención masiva siguen tratándolos como amenazas.
Y aunque es cierto que dentro de la población inmigrante, como en cualquier grupo social, existen
personas que cometen delitos, los estudios muestran que no representan la totalidad. Por el
contrario, la mayoría cumple con la ley y, en términos proporcionales, tienen menores tasas de
criminalidad y encarcelamiento que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
“Gran parte de los procesamientos contra inmigrantes responde a violaciones de carácter
administrativo, como cruces fronterizos irregulares, y no a delitos violentos. Esto significa que los
datos que suelen usarse para justificar endurecimientos legales, en realidad, no prueban una
amenaza a la seguridad pública”, puntualizó el abogado Quiroga.
A pesar de ello, algunos discursos públicos continúan asociando a las ciudades santuario o
comunidades diversas con inseguridad, aunque los datos no respaldan esa relación. El desafío
está en ir más allá de percepciones generalizadas y atender a la evidencia, que muestra cómo
la población inmigrante presenta menores niveles de criminalidad y aporta a la seguridad
colectiva
