La Corte Suprema allanó el camino este martes para que Texas implemente de inmediato una polémica ley de inmigración que permite a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país.
Los tres jueces liberales del tribunal no estuvieron de acuerdo con la decisión.
Aunque hay impugnaciones legales en curso contra la ley en un tribunal federal de apelaciones, esta decisión representa una importante victoria, aunque temporal, para Texas. Este estado ha estado en constante disputa con la administración Biden en materia de política de inmigración.
Anteriormente, el tribunal había bloqueado la entrada en vigor de la ley al emitir una suspensión indefinida el lunes, la cual fue anulada por la orden del martes.
Asi mismo el Proyecto de Ley Senatorial 4, promulgado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en diciembre, generó inmediatamente preocupación entre los defensores de la inmigración debido al riesgo de un mayor perfilamiento racial, así como a las detenciones y los intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.
En su opinión concurrente, la jueza Amy Coney Barrett, a la que se unió el juez Brett Kavanaugh, explicó que el tribunal de apelaciones había dictado solo una orden “administrativa” temporal.
Barrett opinó que no era prudente involucrarse en litigios de emergencia sobre la discreción de un tribunal de apelaciones en este paso preliminar.
Por otro lado, la jueza liberal Sonia Sotomayor expresó que la orden “invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración”. Sotomayor argumentó que la ley perturba el equilibrio de poder federal-estatal establecido durante más de un siglo, donde el Gobierno Nacional tiene autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos.
“Texas ahora puede hacer cumplir inmediatamente su propia ley que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México”, escribió Sotomayor.
Agregó que esta ley perturbará las relaciones exteriores, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata.
