El Departamento de Seguridad Nacional advirtió a las jurisdicciones santuario que están “obstruyendo deliberada y vergonzosamente la aplicación de las leyes federales de inmigración, poniendo en peligro a las comunidades estadounidenses” y eso ha encendido el debate entre los dirigentes de Tri-Cities para decidir cuál camino tomar: Ser santuario de inmigrantes o colaborar con los operativos de captura de inmigrantes indocumentados y su deportación.
A pesar de que los líderes electos de Tri-Cities apoyaron públicamente las políticas de inmigración de la administración Trump, los condados de Benton y Franklin hicieron una lista ahora eliminada de alrededor de 500 ciudades, condados y estados con leyes u ordenanzas que impactan la cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional y los funcionarios de inmigración.
Sólo cuatro condados de Washington no estaban en la lista, y uno de ellos, el condado de Adams, está siendo demandado por la Oficina del Fiscal General de Washington por ayudar a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas.
Yakima fue la única ciudad de la zona que se incluyó individualmente, aunque el condado no. Los condados de Klickitat y Douglas también quedaron fuera. El presidente de la Comisión del Condado de Benton, Jerome Delvin, declaró a un periódico local que no le sorprendió la lista, pues ya habían visto alguna versión hacía casi un año.
Cree que se trata simplemente de estar atrapado entre la ley estatal y la política federal. El gobernador Bob Ferguson le dijo a McClatchy en una declaración que la ley mantiene seguros a los residentes de Washington y que confían en que se mantendrá en los tribunales.
“Independientemente de la etiqueta que el gobierno federal decida aplicar, la Ley para Mantener a Washington Trabajando es coherente con la ley federal vinculante y exige su cumplimiento”, dijo Ferguson.
“Esta ley funciona bien porque permite a nuestras jurisdicciones estatales y locales priorizar los recursos limitados de las fuerzas del orden para mantener seguros a los habitantes de Washington, en lugar de permitir que esos escasos recursos se desvíen a la aplicación de la ley migratoria federal. Confiamos en poder defenderla en los tribunales”.
Con información del Tri-Cities Herald
