La Legislatura de Georgia aprobó el jueves por la noche un proyecto de ley que obliga a las agencias locales de la ley a verificar el estatus migratorio de las personas bajo su custodia y cooperar con las autoridades federales de inmigración para evitar la existencia de lo que se conoce como “jurisdicciones santuario”.
El proyecto de ley HB 1105 recibió su aprobación final con una votación de 99-75 en la Cámara de Representantes estatal, donde hay mayoría republicana. Los cambios introducidos por el Senado fueron respaldados y enviados al gobernador Brian Kemp, del Partido Republicano, para su firma y promulgación.
Según esta legislación, los sheriffs y jefes de policía locales están obligados a cumplir con las leyes federales de inmigración. En caso de incumplimiento, podrían enfrentar cargos por delito menor y las agencias de la ley podrían perder fondos estatales.
Los partidarios del proyecto de ley confían en que esta medida evitará que los gobiernos locales adopten políticas de “santuario”, que rechazan la colaboración con las autoridades migratorias federales para detener y deportar a personas indocumentadas. Aunque Georgia ya tiene prohibiciones contra estas políticas, los defensores de la nueva medida creen que reforzará aún más esta norma.
Además, la ley requiere que las agencias locales de la ley participen en el programa 287(g), aprobado por el Congreso en 1996, que permite a los policías locales actuar como agentes migratorios, colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta medida es similar al objetivo de la norma texana SB4, que otorga a las autoridades locales el poder de detener y deportar a migrantes indocumentados, aunque actualmente está suspendida de forma provisional por la justicia. Sin embargo, el proyecto de ley en Georgia busca lograr este objetivo a través de un mecanismo legal ya existente y validado por el Congreso.
El impulso para aprobar esta legislación cobró fuerza tras el arresto de un inmigrante venezolano acusado de matar a una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia. Las autoridades migratorias revelaron que el sospechoso había cruzado ilegalmente a Estados Unidos en 2022, aunque no está claro si había solicitado asilo y tenía estatus legal en el país.
Los representantes demócratas expresaron su preocupación de que esta nueva ley convierta a las autoridades locales en agentes de inmigración, lo que podría desincentivar a las comunidades a denunciar delitos y colaborar con las autoridades. Numerosos estudios demuestran que los inmigrantes tienen menos probabilidades que los ciudadanos estadounidenses de cometer delitos, a pesar de la retórica contraria.
