Dos empresas con sede en Pasco pagarán $470,000 para resolver demandas de abuso y acoso sexual contra trabajadoras agrícolas.
Greenridge Farms y Baker Produce llegaron a un acuerdo para resolver la demanda de derechos civiles interpuesta por la Fiscalía General del Estado que alegaba múltiples casos de agresión y acoso, incluida violación, contra Antonio Garcilazo.
Greenridge y Baker son dos operaciones agrícolas a gran escala que violaron la Ley Contra la Discriminación de Washington al someter a sus empleadas a acoso sexual y tomar represalias contra los empleados que rechazaron los avances de Garcilazo, según la demanda de la Fiscalía.
La agresión y acoso se sucedieron desde 2018, hasta que Garcilazo fue despedido en 2024.
“Estas empresas sabían que este gerente estaba acosando y agrediendo a sus empleados, pero no lo detuvieron”, dijo Ferguson. “Abusó de su autoridad sobre estas mujeres para obtener favores sexuales”.
La Fiscalía se enteró de las acusaciones contra Greenridge y Baker cuando cuatro mujeres se presentaron en 2023 con acusaciones de acoso y violación.
Una trabajadora denunció múltiples violaciones y agresiones durante varios años, incluso llevarla a lugares aislados como campos o huertos para violarla, según la Fiscalía.
Según los informes, las agresiones también incluyeron abuso físico, como golpear a la víctima y tirarle del pelo.
Las violaciones fueron denunciadas a la Oficina del Sheriff del Condado de Franklin y el caso fue remitido a la Oficina del Fiscal del Condado para posibles cargos; sin embargo, aún no se han presentado cargos, según la Oficina del Fiscal General.
Una segunda víctima fue despedida poco después de presentar una denuncia y, según informes, una tercera víctima recibió malas evaluaciones de desempeño después de rechazar las insinuaciones sexuales de Garcilazo.
Un decreto de consentimiento presentado en el Tribunal Superior de Benton-Franklin prohíbe a Greenridge Farms y Baker Produce volver a contratar a Garcilazo, según la Oficina del Fiscal General.
El acuerdo también exige que las empresas instituyan nuevas políticas contra la discriminación y el acoso sexual en un plazo de 60 días que alienten a los empleados a presentar quejas.
“Hablé para que ninguna otra mujer sufriera daño”, dijo una de las cuatro mujeres que denunciaron el abuso. “Levantamos la voz y logramos prevenir el acoso sexual.
