Estados Unidos, enero de 2026 – El sistema de autorizaciones de empleo comenzó 2026 bajo una presión inédita, luego de que los datos oficiales de los trimestres de 2024 y 2025 revelaran un salto histórico en el volumen del Formulario I-765. Este documento pasó de un promedio de 428 mil solicitudes por trimestre en 2024 a más de 1.5 millones en 2025, un cambio abrupto que ha dejado a USCIS operando en déficit estructural.
El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, señaló que la crisis no responde a un endurecimiento de criterios, sino a un simple desbordamiento administrativo. “Las cifras no muestran un incremento en denegaciones, sino un sistema que no logra procesar el volumen que está recibiendo”, explicó. Esta incapacidad de absorción ha alterado por completo la dinámica del programa: en lugar de un flujo continuo de adjudicaciones, cientos de miles de casos permanecen congelados por falta de capacidad operativa.
Durante 2025, la tasa de aprobaciones de permisos de trabajo cayó drásticamente respecto a los niveles de 2024. Mientras que en el segundo trimestre de 2024 las aprobaciones alcanzaban 97.9 %, para el tercer trimestre de 2025 la cifra se redujo a 46.4 %. Las denegaciones, en cambio, disminuyeron porcentualmente, lo que evidencia que USCIS no está resolviendo más negativamente, sino simplemente resolviendo menos.
Aunque la ley no establece plazos obligatorios para adjudicar permisos de trabajo, el impacto humano y
económico de esta parálisis es evidente en sectores que dependen de fuerza laboral inmigrante.
Mientras tanto, el backlog superó los dos millones de solicitudes pendientes a finales de 2025, convirtiéndose en el factor dominante del sistema. Aunque USCIS duplicó sus aprobaciones respecto a 2024, el aumento del 250 % en el volumen recibido dejó a la agencia sin capacidad de equilibrar la carga.
Un sistema saturado que enfrenta cambios regulatorios decisivos
Los datos del tercer trimestre de 2025 muestran signos claros de agotamiento operativo. Aunque las solicitudes disminuyeron ligeramente respecto al trimestre anterior, las aprobaciones cayeron 31 %, una señal evidente de saturación interna. Reportes adicionales apuntan a redistribución de personal hacia áreas críticas como asilo y programas humanitarios, lo que reduce aún más la capacidad de adjudicar solicitudes de empleo. Así, 2026 inicia con una acumulación histórica que condicionará los tiempos de respuesta durante todo el año.
Este deterioro coincidió con un cambio regulatorio crucial. A partir del 30 de octubre de 2025, una nueva regulación eliminó la extensión automática de 540 días para las renovaciones del permiso de trabajo presentadas desde esa fecha. Solo quienes enviaron su I-765 antes del 30 de octubre siguen protegidos por la extensión, si cumplen los requisitos.
Desde entonces, si el EAD vence y USCIS no ha decidido, la autorización laboral se pierde automáticamente. Esto deja a miles de trabajadores expuestos a interrupciones inmediatas en su empleo.
El abogado Quiroga advierte que “la eliminación de la extensión automática coloca a muchos inmigrantes en una posición de riesgo administrativo, porque su continuidad laboral depende directamente del tiempo de procesamiento de la agencia”.
Impacto generalizado: la autorización laboral, clave para la estabilidad de millones
Las consecuencias afectan a casi todas las categorías migratorias: solicitantes de asilo, beneficiarios de parole humanitario, titulares de TPS, jóvenes con DACA, cónyuges de ciudadanos y residentes, estudiantes y trabajadores no inmigrantes.
En la mayoría de los casos, la autorización de empleo no es solo una vía para trabajar, sino una condición indispensable para mantener estabilidad económica, cumplir obligaciones contractuales y sostener redes familiares.
“Cuando un permiso de trabajo se atrasa, no afecta únicamente al inmigrante; también impacta al empleador y a la economía local que depende de esa fuerza laboral”, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
La obligación de verificar autorización laboral mediante el Formulario I-9, establecida por la INA, implica que miles de trabajadores podrían quedar temporalmente inactivos por causas ajenas a su desempeño.
El inicio de 2026 no muestra señales de recuperación inmediata. Las tendencias del año previo indican que, si el volumen se mantiene por encima del millón de solicitudes trimestrales, el backlog podría acercarse o incluso superar los tres millones de casos pendientes para finales de año.
