Estados Unidos, noviembre de 2025 – La nueva normativa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece una tarifa de 18 dólares para los viajeros que no presenten una identificación aceptada al ingresar al punto de control aeroportuario, como un pasaporte, una licencia o identificación estatal compatible con REAL ID, una green card o un Documento de Autorización de Empleo (EAD), entre otros.
La medida reemplaza la verificación alternativa basada en preguntas personales y la sustituye por un proceso automatizado que cruza datos biométricos y biográficos con bases federales, pero sin garantizar que el viajero acceda a la zona estéril del aeropuerto.
Para los inmigrantes que cuentan con un documento válido, cumplir con el requisito no representa mayor dificultad. Sin embargo, la integración de nuevas tecnologías biométricas y la dependencia de bases de datos federales genera preocupaciones legítimas sobre la privacidad, el almacenamiento a largo plazo y el uso de la información.
El escenario es distinto y más restrictivo para los inmigrantes indocumentados, que a menudo carecen de un documento aceptado por la TSA. Y es que aunque el sistema de verificación alternativa aparece como una opción, introduce riesgos significativos ya que, para completarlo, el viajero debe proporcionar datos biográficos y biométricos que se cotejan con sistemas del Departamento de Seguridad Nacional, lo que aumenta la posibilidad de exposiciones involuntarias en plataformas que no fueron diseñadas exclusivamente para viajes.
“Es importante que todos tengan en cuenta que pagar los 18 dólares no garantiza que podrán volar. El proceso puede fallar y, aun cooperando plenamente, la TSA puede negar el acceso si no verifica la identidad”, afirmó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC..
Un sistema digital que reduce la flexibilidad y aumenta la exposición de datos
Antes de la modernización, la TSA utilizaba un proceso alternativo de verificación de identidad basado en un cuestionario interno cuando un viajero no presentaba identificación aceptada. Con la nueva regla, ese método es reemplazado por un sistema digital que contrasta datos biográficos y biométricos en bases federales y aplica una tarifa de 18 dólares por cada uso. El cambio elimina el mecanismo anterior y estandariza el procedimiento, reduciendo la posibilidad de verificaciones manuales o discrecionales.
Para las familias mixtas, hogares donde conviven personas con y sin estatus migratorio, este cambio implica decisiones difíciles. Mientras algunos miembros cumplen fácilmente con los requisitos, otros enfrentan la posibilidad de no viajar o someterse a un sistema que podría vincular sus datos a plataformas federales más amplias.
“El problema no es solo económico. Lo complicado es decidir si se entrega información sensible sin saber cómo se usará y sin ninguna garantía de que se permitirá viajar”, puntualizó el abogado Quiroga.
Cuando un simple control se convierte en un punto de exposición
Aunque la TSA no es una agencia de control migratorio y no tiene autoridad legal para detener o iniciar procesos migratorios únicamente por estatus, sí puede negar el acceso al punto de control si no logra verificar la identidad. Y en circunstancias excepcionales, como alertas de seguridad o inconsistencias de datos, puede solicitar asistencia de otras agencias del DHS.
Esto no significa automáticamente un proceso de deportación, pero la sola interacción genera inquietud en comunidades que han experimentado un aumento en la cooperación entre agencias.
La medida, en su diseño, busca reforzar la seguridad aérea mediante procedimientos automatizados, pero en la práctica amplifica las brechas entre quienes cuentan con credenciales verificables y quienes no pueden obtenerlas. Para miles de inmigrantes indocumentados, esta modernización representa un nuevo punto de exposición, en un entorno donde cada dato compartido puede tener implicaciones más allá de un viaje.
“Mi recomendación para la comunidad es sencilla: antes de viajar, asegúrense de entender bien los riesgos. Si no tienen una identificación aceptada por la TSA, hablen con un abogado de inmigración y eviten depender del proceso alternativo. Entregar datos biométricos sin claridad puede exponerlos más de lo que creen”, indicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
