
Cuatro personas permanecen detenidas bajo la sospecha de estar relacionadas con el brutal asesinato de tres mujeres en un municipio de las afueras de Buenos Aires, que según las autoridades obedecería a un acto de venganza de una banda de narcotraficantes.
Los dos hombres y las dos mujeres arrestados en relación con los crímenes ocurridos en Florencio Varela, localidad situada a unas 16 millas al sur de la capital argentina, serán indagados el jueves por el fiscal a cargo de la investigación.
Morena Verdi y Brenda Del Castillo —de 20 años—y Lara Gutiérrez –de 15– fueron encontradas sin vida el miércoles, sepultadas en el jardín de una casa de esa localidad bonaerense.
Según las autopsias, sufrieron diversas torturas antes de ser asesinadas cuatro días antes, en lo que habría sido una emboscada.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo a la prensa que el maltrato y posterior asesinato de las jóvenes fueron transmitidos en directo por la red social Instagram a un grupo cerrado de 45 personas que fueron convocadas por el mayor responsable de los crímenes, un joven de nacionalidad peruana apodado “Pequeño Jota”.
El delincuente, que está prófugo, buscaba disciplinar a las jóvenes y a diferentes integrantes de un grupo criminal, según el funcionario.
“Esta persona, que es el capo del grupo, en esa sesión (de Instagram) dice: ‘esto le pasa al que me roba droga’”, dijo Alonso.
El funcionario indicó que “el viernes (pasado) a la tarde un grupo de hombres de una organización criminal se acercó a la casa de Florencia Varela, cavó un pozo y cuando las chicas llegaron a esta casa fueron asesinadas con esta escena de tortura que padecieron”. Esa vivienda actuaba como un lugar de venta de estupefacientes.
Las autoridades creen que delincuentes de nacionalidad peruana y argentina están vinculados con el triple homicidio. El poder del narcotráfico ha avanzado en las últimas décadas en el país sudamericano, especialmente en barriadas marginales de la capital y en localidades cercanas situadas en la provincia de Buenos Aires.
El caso generó una enorme conmoción y rápidamente criminólogos y forenses establecieron una relación con los hechos de violencia que se producen en México, Colombia y otros países de la región en el marco de los enfrentamientos entre bandas de narcos.
También recalentó las internas políticas. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, cuestionó los dichos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof —del peronismo, la mayor fuerza opositora a nivel nacional—, quien la víspera señaló que la banda criminal que estaría vinculada con los homicidios tiene su base operativa en la capital.
“Kicillof debe hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia… todavía no tiene la más mínima información” del triple homicidio, dijo la funcionaria del gobierno presidido por el ultraderechista Javier Milei.
Allegados a las víctimas y grupos feministas se manifestaron condenando los crímenes.
El obispado de San Justo, con jurisdicción en la zona donde se produjeron, denunció que grandes zonas “han quedado liberadas a merced de mafias narcos, a pequeña y gran escala… instalado una verdadera cultura de delincuencia y criminalidad” entre los jóvenes.
“La constante ausencia del Estado en sus distintos niveles permite que esta cultura de la destrucción y la muerte crezca y avance sin freno”, aseveró el obispado en un comunicado.