OLYMPIA — El Fiscal General Nick Brown anunció hoy que Washington está liderando una demanda federal multiestatal que impugna la orden inconstitucional del Presidente Donald Trump que intenta despojar unilateralmente de la ciudadanía a los estadounidenses en todo Estados Unidos, incluidos miles de bebés que nacen en Washington cada año.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, fue acompañada por Oregon, Arizona e Illinois. La denuncia afirma que la orden ejecutiva del presidente Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos viola la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Inmigración y Nacionalidad federal. La demanda afirma que el presidente no tiene autoridad para anular la Constitución y que ninguna disposición constitucional o ley lo faculta para determinar a quién se le debe conceder o no la ciudadanía estadounidense al nacer.
La 14ª Enmienda a la Constitución establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad también establece que “una persona nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción” es nacional y ciudadano de los EE. UU. al nacer.
Si se permite que siga vigente, esta orden inconstitucional y antiamericana provocaría que miles de recién nacidos y niños en Washington perdieran su capacidad de participar plena y justamente en la sociedad estadounidense como ciudadanos, a pesar de la garantía de ciudadanía que ofrece la Constitución.
Durante el último año, la Fiscalía General se ha estado preparando para una segunda presidencia de Trump.
En concreto, los abogados de la oficina han seguido de cerca las declaraciones de Trump durante la campaña electoral. Han estudiado línea por línea el Proyecto 2025 —un manual de políticas de casi 1.000 páginas escrito por algunos de los aliados más cercanos del presidente— para prepararse para los posibles daños que podrían surgir si Trump intenta promulgar alguna de esas políticas. La oficina también ha estado trabajando con otros fiscales generales estatales, sus equipos jurídicos y directores jurídicos de organizaciones clave en Washington para coordinar recursos.
Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento “desde el primer día” de su presidencia es una de las promesas de campaña que Trump hizo durante las elecciones de 2024. Otros planes delineados en el Proyecto 2025 y la Agenda 47 de Trump incluyen restricciones a los derechos reproductivos, el acceso a la atención médica y las protecciones ambientales.
Entre 2017 y 2021, durante el primer mandato del presidente Trump, la Fiscalía General desestimó 55 acciones o políticas ilegales del presidente Trump y su administración. Washington lideró 36 de esos casos, incluido el desafío a la prohibición de viajes de Trump a musulmanes.
