Estados Unidos, enero de 2025 – El término “ciudad santuario” ha generado intensos debates en los Estados Unidos, situándose en el centro de la discusión sobre inmigración. Con el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca este 20 de enero, surgen preguntas sobre el futuro de estas jurisdicciones que, por años, han desafiado la cooperación con las autoridades federales.
Actualmente, hay más de 200 ciudades santuario en los Estados Unidos, distribuidas en diversos estados como California, Nueva York y Illinois. Sin embargo, a medida que la nueva administración endurezca sus políticas en materia de inmigración, el destino de estos centros permanece incierto.
¿Podrían las ciudades santuario desaparecer legalmente?
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), los estados y localidades no están obligados a hacer cumplir las leyes migratorias federales. Este principio se basa en la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que permite a los gobiernos locales establecer prioridades en función de sus recursos.
El abogado de inmigración, Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, indicó que “desde un punto de vista estrictamente legal, es poco probable que las ciudades santuario puedan ser obligadas a desaparecer. La Ley de Inmigración no impone a los gobiernos locales el deber de actuar como extensión de las autoridades federales.
Sin embargo, se anticipan esfuerzos significativos de la administración Trump para debilitar estas jurisdicciones, mediante presiones políticas y económicas”.
El dilema de los fondos federales
Una estrategia recurrente de Trump es amenazar con recortar fondos federales a las ciudades santuario. Esta medida enfrenta serias dudas legales. En 2018, el Noveno Circuito de Apelaciones determinó que la administración no podía condicionar fondos federales esenciales al cumplimiento de políticas migratorias.
“El intento de privar a las ciudades santuario de fondos podría encontrarse nuevamente con muros legales. Si bien los fondos discrecionales podrían estar en juego, la retirada de recursos esenciales como
los destinados a educación y salud sería altamente controvertida y podría ser bloqueada
en tribunales”, puntualizó el abogado Quiroga.
Y es que más allá de la retórica política, las ciudades santuario encarnan un modelo de gobernanza local que prioriza la cohesión social y el bienestar comunitario. Estudios recientes muestran que las comunidades con políticas santuario tienden a reportar menos crímenes violentos, dado que los inmigrantes se sienten más seguros para cooperar con la policía local. “Debemos recordar que estas medidas no son una declaración de guerra contra el gobierno federal, sino una herramienta para construir sociedades más seguras y equitativas,” enfatizó el abogado de inmigración Héctor
Quiroga.
