Estados Unidos, septiembre de 2025 — El análisis de las 106 leyes estatales aprobadas en 38
estados, en lo que va del año, evidencia que la política migratoria dejó de ser un debate nacional
para transformarse en un mosaico fragmentado donde cada estado define su propio rumbo. La
fotografía revela una tensión creciente: mientras algunos territorios han cerrado sus puertas con
normativas restrictivas, otros han limitado su accionar, reduciendo incluso las iniciativas que en
años pasados ofrecían ventanas de inclusión.
El abogado de trabajadores inmigrantes Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., lo resume
así: “el número total de leyes no es lo único relevante, lo que realmente preocupa es la orientación
que están tomando. Se percibe un cambio estructural en la manera en que los Estados abordan
la inmigración”. Según el análisis, el 51 % de la normativa aprobada en 2025 es restrictiva, frente
a un 44 % favorable y apenas un 5 % neutral.
El contraste con 2024 es significativo: ese año se aprobaron 137 leyes, con un balance que
permitió cierta apertura en salud, educación y programas sociales. En 2025, en cambio, la
prioridad es la vigilancia migratoria, el control sobre permisos laborales y la regulación del voto.
“La agenda estatal dejó de lado la inclusión y ahora se mueve casi exclusivamente hacia el
cumplimiento de la ley de inmigración”, sostiene el abogado Quiroga.
Florida y Texas endurecen; California y Nueva York pierden protagonismo en la agenda
migratoria
Estados como Florida, Texas e Idaho encabezan la lista de normativas más restrictivas. Florida
pasó de cinco leyes en 2024 a ocho en 2025. Texas, sin antecedentes legislativos recientes,
sumó cuatro normas que endurecen la aplicación de controles y amplían facultades estatales.
Idaho, con seis leyes más drásticas en la regulación de la migración.
En constante, California, Nueva York e Illinois, que en 2024 que se caracterizaron por la
promulgación de leyes favorables y protectoras, para la vigencia de 2025 su producción es
insignificante. Sin embargo, para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, “la caída en estados
progresistas no significa que se hayan vuelto restrictivos, sino que han perdido protagonismo en
la agenda migratoria frente al avance de normativas más duras en el Sur y el centro del país”.
En el ámbito regional, tres de cuatro leyes aprobadas en 2025, refuerzan una línea de
endurecimiento, especialmente en estados con gobiernos republicanos, mientras que en los
demócratas tienden a aprobar medidas en educación, salud o presupuesto, sin contrarrestar el
avance del enfoque restrictivo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha instaurado demandas contra estas
regulaciones y, para casos como Florida, Texas e Idaho se cuestiona la constitucionalidad de
tales normatividades, generando desequilibrios para un país fragmentado, donde una persona
migrante puede encontrar refugio en un estado y enfrentar criminalización en otro. Representado
una transformación en el manejo la política migratoria, marcando una proyección de
endurecimiento estructural para los próximos años.
